Carmelo Mesa-Lago (2020). Evaluación de cuatro décadas de privatización de pensiones en América Latina (1980-2020): Promesas y realidades. 152 págs. Ciudad de México: Fundación Friedrich Ebert. ISBN: 978-607-8642-66-3.

Mesa-Lago, a partir de una revisión bibliográfica y manejo de estadísticas, evalúa las promesas de la privatización a la luz de los principios de la seguridad social. De este modo, el autor busca profundizar el debate previsional y consideración en el proceso de toma de decisiones a partir de las lecciones de la experiencia latinoamericana. Esta monografía se estructura sobre la base de 8 capítulos, pero me concentraré en los capítulos IV y en el cierre de la monografía. Los contenidos de la monografía son una «Introducción», seguida del capítulo II sobre «Sistemas de Pensiones Públicos y Privados, Reformas Estructurales y Re-reformas», y el capítulo III de «Economía Política de las Reformas Estructurales y el Diálogo Social». Posteriormente, está el capítulo IV, «Promesas y Realidades de los Sistemas Privados de Pensiones», y el V, «Re-reformas de Pensiones en América Latina y sus efectos». El capítulo VI está dedicado al caso de Brasil. Finalmente, esta monografía cierra con el capítulo VII de «Conclusiones» y el VIII de «Recomendaciones de política».

En el capítulo IV, el autor revisa las promesas y realidades de los sistemas privados de pensiones, en cinco ámbitos que corresponden a los principios fundamentales de la seguridad social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): a) cobertura activa y pasiva; b) solidaridad social e igualdad de género; c) suficiencia de las prestaciones; d) administración y costos; y e) sostenibilidad financiera y actuarial. Para cada una de estas dimensiones, Mesa-Lago expone las promesas a partir de la literatura promotora de los sistemas privados de pensiones, haciendo especial énfasis en los textos de FIAP (2017, 2020)[1], Banco Mundial (1994)[2], Gill, Packard y Yermo (2005)[3] y Piñera (1991)[4]. En términos generales, todavía persisten subcoberturas en el pilar contributivo en los países que adoptaron reformas estructurales, aspecto que se ha ido subsanando con la introducción paulatina de pensiones no contributivas. En términos de solidaridad social y equidad de género, el nuevo sistema reemplaza la solidaridad por la equivalencia actuarial, con solidaridad a ser ejecutada por el Estado. También el Estado fue clave en la activación del sistema privado mediante distintas medidas de obligatoriedad de contribución, regulación del sistema, financiamiento de los costos de transición, entre otras medidas contrarias a una idea de rol subsidiario al asumir un rol activo. Respecto a la suficiencia de las pensiones, se reporta una baja tasa de reemplazo para los sistemas con contribuciones definidas (39,8 % según el BID), con ajustes del valor según la variación del IPC para los 9 países con sistemas privados. En lo referido a la administración y costos de los sistemas privados, no ha funcionado la competencia para reducir costos administrativos (estos siguen siendo altos, representando entre el 22,9 % y el 29,6 % del depósito realizado por la contribución obligatoria), debido a un número insuficiente de administradoras y alta concentración de mercado, y limitaciones en el traslado entre las administradoras privadas. Por último, las administradoras tienen utilidades muy superiores al promedio del mercado financiero, aunque se reconoce la entrega de información periódica sobre los saldos y reducción de los tiempos necesarios para optar a una pensión. En quinto lugar, hay problemas en la sostenibilidad financiera y actuarial provocada por una caída sistemática de los afiliados que contribuyen de forma regular, subdeclaración y no pago por parte de empleadores y un incremento del capital del fondo de pensiones que les genera un desproporcionado poder económico a las administradoras con concentraciones en las carteras de inversiones en instrumentos de deuda pública y privada.

Respecto al cierre de esta monografía, se establecen criterios o pautas generales que se debieran adoptar para llevar adelante los procesos de reforma previsional, como también la presentación de tres modelos opcionales. Dentro de los requisitos obligatorios, se establece la necesidad de un diálogo social participativo para alcanzar un consenso y legitimidad de la reforma. Además, resulta imprescindible la ejecución de estudios actuariales externos y la elaboración de un diagnóstico técnico, que permita ver las opciones de reforma considerando sostenibilidad de largo plazo, reducción del déficit fiscal, entre otras que se circunscriban a los principios fundamentales de la seguridad social. Por último, se presentan tres modelos opcionales, tales como: a) sistemas de beneficio definido con cuentas individuales nocionales; b) fondos soberanos que sean administrados por una agencia pública y que genere economías de escala al unir a las distintas administradoras privadas; y c) un sistema mixto con capitalización individual complementario, con pensión no contributiva con cobertura focalizada y con un pilar solidario de reparto con equilibrio actuarial.

Luis Hernán Vargas Faulbaum

Universidad de Oxford